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La AEPD presenta nuevos recursos de ayuda

La AEPD presenta nuevos recursos de ayuda

La AEPD presenta nuevos recursos de ayuda orientados a centros docentes y familias para fomentar la privacidad y la protección de datos, consiste en una guía de Protección de datos en centros educativos, una serie de vídeos titulados: “Tú controlas en internet” y un taller para familias: “Los menores y su cibermundo”.

 

Los nuevos contenidos se enmarcan en las actuaciones previstas en el Plan Estratégico 2015-2019 de la Agencia y se han presentado en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en virtud del convenio suscrito por ambas entidades para impulsar la formación de los menores en materia de privacidad y protección de datos, en especial en internet.

 

La guía: “Protección de datos para centros educativos”, ofrece respuesta directa a las dudas más frecuentes planteadas por la comunidad educativa. Surgida de la necesidad de dar respuesta a las dudas más habituales que se plantean ante el Canal Joven de la Agencia tanto de los centros docentes como de profesores, AMPAs o las propias familias, y sumando además las aportaciones de la comunidad educativa.

 

Guía practica de protección de datos

 

El resultado es una guía práctica que, además de los conceptos y principios básicos sobre protección de datos, incluye la respuesta directa a más de 80 preguntas, muchas de ellas relacionadas con la expansión de las nuevas tecnologías, como por ejemplo: ¿Puede un centro educativo acceder al contenido de dispositivos electrónicos de los alumnos?, ¿pueden los profesores crear grupos con alumnos utilizando aplicaciones de mensajería instantánea?, o ¿pueden publicarse en la web del centro fotografías o vídeos de los alumnos?

 

La guía incluye además un Decálogo simplificado con los aspectos más relevantes para realizar un uso adecuado de los datos personales en los centros educativos así como una sección específica de los cambios que producirá la aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos el 25 de mayo de 2018.

 

Los vídeos “Tú controlas internet” están orientados a concienciar a los menores sobre algunas situaciones de riesgo. Son cuatro vídeos que pueden ser visionados tanto en el aula como en familia y que abordan situaciones como el ciber-acoso (llamado “En este partido nos la jugamos”), el grooming (“Planazo de fin de semana”), el sexting (“Un vídeo muy especial”) o la dependencia tecnológica (“Un crack del BMX”).

 

La Agencia considera que la distribución de estos materiales a través de las aulas es imprescindible para llegar a los más de 8 millones de alumnos escolarizados, por lo que solicita la colaboración de todos los actores implicados en la educación de los menores para que contribuyan a prevenir y concienciar de estos peligros.

 

Vídeos como herramienta de la educación digital

 

La finalidad de estos vídeos es que sean utilizados como herramienta para fomentar la educación digital de los menores, contribuyendo a evitar que puedan verse involucrados en situaciones de riesgo que, en ocasiones, producen un daño difícil de reparar debido al efecto multiplicador de redes sociales o mensajería instantánea. La AEPD se ha decantado por utilizar en estos vídeos la técnica visual thinking considerando el dibujo como una herramienta útil para captar la atención y facilitar la comprensión de estos conceptos en grupos de diferentes edades.

 

El taller para familias: “Los menores y su cibermundo” son consejos sobre cómo acompañar a los hijos en su utilización de las nuevas tecnologías.

 

El tercer proyecto que ha presentado la Agencia es el taller para familias “Los menores y su cibermundo”, conducido por el experto Ángel-Pablo Avilés, autor de El blog de Angelucho. El taller, que incluye orientaciones y pautas, está compuesto por nueve vídeos de entre dos y diez minutos de duración en los que se abordan temas de interés para los padres a la hora acompañar a sus hijos en su relación con las nuevas tecnologías. El funcionamiento de las aplicaciones más utilizadas por los jóvenes y los riesgos más comunes asociadas a las mismas son algunos de los contenidos tratados.

 

Según datos del CIS, un 36,6% considera que el riesgo más habitual al que se exponen los menores es la difusión de fotos o vídeos comprometidos, seguido de dar a conocer demasiada información sobre ellos mismos a gente que no conoce (24,3%).

Proteción de datos sanciona a Google

PROTECCIÓN DE DATOS MULTA A GOOGLE

Según informa “El País”, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a Google por tratar sin consentimiento datos personales recogidos a través de redes WiFi con los coches de su servicio Street View entre 2008 y 2010. La Agencia considera que la compañía tecnológica ha cometido una «infracción grave» de la Ley de Protección de Datos y deberá pagar 300.000 euros por ello. Leer más

datos electorales protegidos

Datos electorales limitados en el tiempo y protegidos

Según el informe 0244/2014 de la Agencia Española de Protección de Datos el uso del censo electoral por las distintas candidaturas plantea diversas cuestiones relacionadas con la aplicación de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos electorales de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, a la utilización por parte de los partidos políticos de la copia del censo electoral que les es remitida por el Instituto Nacional de Estadística en cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General.

Según dicha Ley la Constitución impone al Estado, por una parte, el desarrollo del artículo 23, que afecta a uno de los derechos fundamentales en la realización de un Estado de Derecho: la regulación del sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos.

También, el artículo 81 de la Constitución, al imponer una Ley Orgánica del Régimen Electoral General, amplía el campo de actuación que debe cubrir el Estado, más allá de lo que es mera garantía del derecho de sufragio, bajo ese epígrafe hay que entender lo que es primario y nuclear en el régimen electoral.

Además, el Estado tiene la competencia exclusiva, según el artículo 149.1.1 de la Constitución, para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el de sufragio comprendido en el artículo 23 de la Constitución.

Pues bien, en relación a la Protección de Datos, según la Agencia existe una cesión de datos a las candidaturas, amparada en el artículo 41.5 de la Ley Orgánica 5/1985, en conexión con el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

Las candidaturas son responsables de un fichero que habrán de notificar al Registro General de Protección de Datos, si bien no será precisa más que una notificación y no una por campaña electoral.

La cesión se funda en circunstancias concretas, limitando el uso de los datos electorales tanto de modo temporal (debiendo producirse su cancelación al término de la campaña) como en cuanto a los fines (limitados exclusivamente a los consagrados por la propia Ley Orgánica 5/1985.

La normativa actualmente vigente únicamente habilita a los electores para ejercer su derecho de oposición de forma excepcional y en los términos establecidos en el artículo 41.6, con carácter previo a la cesión y sólo sobre la base de las circunstancias que ese precepto menciona.

Política y protecció de datos

Por el contrario, dicho régimen no permite ejercer ante las candidaturas el derecho de oposición sobre la mera base del deseo de no recibir propaganda electoral, al haber considerado el legislador que prevalece sobre aquél el artículo 23 de la Constitución, con la única salvedad prevista en el artículo 41.6. de la Ley Orgánica 5/1985.

Con la Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución (BOE de 1 de noviembre de 2016), se modificó para acortar los plazos y no incurrir en situaciones con el año pasado, donde no se elegía Gobierno.

Pero en cuestión de datos electorales hubo modificaciones. En concreto sobre el voto por correo, ya que una vez solicitado el voto por correspondencia, la Oficina del Censo Electoral remitirá las papeletas y los sobres electorales por correo certificado al elector, junto con el resto de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley Orgánica, los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes podrán formular, mediante impreso oficial, la solicitud de voto dirigida a la correspondiente Delegación Provincial del Censo Electoral, no más tarde del vigésimo quinto día posterior a la convocatoria. Y se entenderá válida y no requerirá que vuelva a ser formulada para el nuevo proceso electoral la solicitud aceptada por la Oficina del Censo Electoral que los españoles inscritos en el censo de los electores residentes-ausentes en el extranjero hubieren formulado para las elecciones a Cortes Generales inmediatamente anteriores, siempre que dichos españoles sigan inscritos en el censo de electores residentes-ausentes vigente para las nuevas elecciones.

Y referente al tema de actualidad en Cataluña, nada de lo comentado interviene, ya que todo el proceso ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional, por lo que todo lo que se haga al respecto, estará fuera de la ley.

Datos electorales limitados en el tiempo y protegidos

Formación tecnológica para el delegado de protección de datos

Formación tecnológica para el delegado de protección de datos

En mayo de 2018, cuando entre en vigor en toda la UE el Reglamento General de Protección de Datos, será necesaria la formación tecnológica para el delegado de protección de datos en muchas empresas y todas las Administraciones públicas.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya trabaja con las asociaciones relacionadas con la privacidad para elaborar un esquema de Certificación que servirá para que las entidades certificadoras puedan ser acreditadas por Enac -Entidad Nacional de Acreditación.
Dicho delegado de protección de datos, tendrán competencia y habilidades para cubrir las necesidades del mercado y cumplir con la normativa, no sólo para evitar las multas.
No es una profesión limitada a los abogados. La titulación en Derecho no es el único elemento que permite ejercerla, el conocimiento jurídico es imprescindible, pero hacen falta otras habilidades y competencias.
La necesidad de Formación tecnológica para el delegado para entender los procesos a los que se enfrentan y, asimismo, entender las necesidades del personal de los departamentos que operan con los datos y trasladarles de forma práctica los nuevos deberes en materia de privacidad.
El deber de confidencialidad que impone la norma y la responsabilidad que se impone corresponde a la organización y no individualmente al delegado de protección de datos.
En la Seguridad Informática se deben distinguir dos propósitos de protección, la Seguridad de la Información y la Protección de Datos.
Aunque se diferencia entre la Seguridad de la Información y la Protección de Datos como motivo u obligación de las actividades de seguridad, las medidas de protección aplicadas normalmente serán las mismas.
En la Seguridad de la Información el objetivo de la protección son los datos mismos y trata de evitar su pérdida y modificación no autorizada. La protección debe garantizar en primer lugar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, sin embargo existen más requisitos como la autenticidad de los mismos, entre otros.
El motivo para implementar medidas de protección, que responden a la Seguridad de la Información, es el propio interés de la institución o persona que maneja los datos, porque la pérdida o modificación de los datos, le puede causar un daño (material o inmaterial).
En el caso de la Protección de Datos, el objetivo de la protección no son los datos en sí mismos, sino el contenido de la información sobre personas, para evitar el abuso sobre este contenido.
En este caso, el motivo para la implementación de medidas de protección, por parte de la institución o persona que maneja los datos, es la obligación jurídica, junto con la simple ética personal, de evitar consecuencias negativas para las personas de las cuales se trata la información.
Existen algunas profesiones que, por su carácter profesional, están reconocidos o obligados, por su juramento, de respetar los datos personales como por ejemplo los médicos, abogados, jueces y también los sacerdotes.
Independientemente, de si existen o si no existen normas jurídicas, la responsabilidad de un tratamiento adecuado de datos personales y las consecuencias que puede causar en el caso de no cumplirlo, recae sobre cada persona que maneja o tiene contacto con tal información, y debería tener sus raíces en códigos de conducta y finalmente la ética profesional y humana, de respetar y no perjudicar los derechos humanos y no hacer daño.
La propia Seguridad Informática no es un fin, sino un tema transversal para el delegado de protección de datos que normalmente forma parte de la estructura interna de apoyo. Nadie vive o trabaja para su seguridad, sino la implementa para cumplir sus objetivos.
Implementar medidas de protección significa invertir en recursos como tiempo y dinero. Garantizar la seguridad, no es una cosa que se hace una vez y después se olvide, sino requiere un control continuo de cumplimiento, funcionalidad y una adaptación periódica, de las medidas de protección implementadas, al entorno cambiante. Por lo que siempre es importante contar con el apoyo de empresas dedicadas a la Protección de datos, que cuenten con profesionales  preparados para las distintas áreas.
Bajo este prisma, la figura del delegado está más cerca de una empresa que proporciona un servicio de protección de datos completo que de una sola persona.

Formación tecnológica para el delegado de protección de datos

La Unión Europea contra el fraude fiscal - Equal Protección de Datos

La Unión Europea contra el fraude fiscal

La creación de una Fiscalía Europea que luche contra el fraude fiscal, es una apuesta sólida, para conseguir un órgano independiente y eficiente en la política de la Unión Europea para la protección del dinero de los contribuyentes al ampliar a todo el ámbito europeo, la investigación y el enjuiciamiento penales de los delitos fiscales, que perjudican gravemente el presupuesto de la UE.

El fraude dentro de las fronteras europeas ocasiona a los presupuestos nacionales de toda Europa, con pérdidas de alrededor de 50 000 millones de euros, en concepto de ingresos procedentes del IVA.

La delincuencia organizada, que también se mueve por toda Europa, obtiene cada año miles de millones de euros de beneficios al evitar las normas nacionales, librándose de la acción de la justicia penal de los países miembros.

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Aparte del IVA, se detectaron y notificaron a la Comisión en 2015 irregularidades fraudulentas por más de 630 millones de euros, porque los medios de los fiscales de cada nación para luchar contra la delincuencia internacional son limitados, pese a que poco a poco se han ido mejorando las formas de comunicación.

La nueva Fiscalía de la UE hará más rápidas las investigaciones por toda Europa y tendrá información en tiempo real, evitando los retrasos que inevitablemente había hasta ahora.

Según documento del propio Parlamento Europeo (Sobre la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea firmado por Jean-Jacques Gay, con fecha 04/2017), la Fiscalía Europea será un cuerpo judicial descentralizado de la Unión Europea con la competencia exclusiva para investigar, incoar procedimientos penales y solicitar la apertura de juicio contra los autores de delitos que atentan contra el presupuesto de la Unión. Tendrá facultades de investigación armonizadas en toda la Unión sobre la base de los sistemas jurídicos nacionales en los que se integrará.

El Parlamento ha acogido con satisfacción la propuesta de Reglamento relativo a la creación de la Fiscalía Europea, haciendo asimismo hincapié en la necesidad de establecer un sistema coherente y complementario en materia de protección de los intereses financieros de la Unión. También alienta a la Comisión a que, a nivel europeo, defina con precisión las funciones y los respectivos ámbitos de actividades de la futura Fiscalía Europea, de Eurojust y de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).

Los ministros de Justicia de la UE dieron el visto bueno al texto que regulará la cooperación entre los veinte países que participan de momento en la puesta en marcha de la Fiscalía europea contra el fraude, según informa Expansión.

Para la creación de la Fiscalía hará falta el visto bueno del Parlamento Europeo, algo que se espera que tenga lugar antes del verano, con vistas a concluir la adopción del proceso el próximo octubre.

big data

Código de buenas prácticas para el Big Data

Código de buenas prácticas para el Big Data

Recordemos que el Big Data es “La gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos”.

Partiendo de esto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ISMS Forum Spain(Red abierta de conocimiento que conecta empresas, organismos públicos y privados, investigadores y profesionales comprometidos con el desarrollo de la Seguridad de la Información en España) han publicado un código de buenas prácticas orientado a asesorar en materia de protección de datos a todas aquellas entidades que se estén planteando poner en marcha proyectos de Big Data, constituyendo un punto de partida de referencia práctica para empresas.


Las iniciativas basadas en Big Data reportan beneficios en sectores clave y nuevas posibilidades de negocio a partir del análisis de grandes cantidades de datos a los que se aplican algoritmos para elaborar patrones. Sin embargo, también surgen dudas y preocupaciones sobre usos que pueden no ser lícitos por hacerse sin respaldo legal o por generar abusos, como la modificación de precios de un producto en función de lo que esté dispuesto a pagar un usuario al que previamente se ha analizado.


Profiling y sus riesgos

La generación de perfiles de consumidores o profiling es uno de los usos principales del Big Data, y puede entrañar riesgos por posibles tratamientos basados en predicciones si se utilizan de forma discriminatoria excluyendo a sectores minoritarios apoyándose en los datos analizados.

Teniendo en cuenta estos aspectos, el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de Big Data implica una importante responsabilidad para aquellas entidades que los implementan, que deben preservar la privacidad de las personas adoptando acciones y soluciones de tipo jurídico, organizativo y técnico.

En dicho código, se analizan las principales implicaciones derivadas de los tratamientos basados estas técnicas:
  • – El origen, calidad y conservación de los datos.
  • – La procedencia de los mismos.
  • – La trasparencia que se debe ofrecer en la información previa facilitada a los afectados.
  • – La obtención del consentimiento de éstos o, en su caso, el interés legítimo para tratar esos datos.
  • – Los usos no previstos en el momento inicial, y el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos cuya información se está tratando.
El segundo bloque

Examina los aspectos que deben tener en cuenta las entidades que van a utilizar Big Data para garantizar la protección de datos y la privacidad de los ciudadanos, destacando principios como la privacidad desde el diseño o la responsabilidad de las entidades a la hora de establecer mecanismos de garantía y cumplimiento de las obligaciones de protección de datos (accountability).

El documento detalla, la necesidad de hacer evaluaciones de impacto en proyectos de este tipo para minimizar los riesgos o la posibilidad de optar por la anonimización irreversible de los datos. El Código finaliza con una revisión de las medidas tecnológicas imprescindibles en materia de privacidad y seguridad para crear un entorno adecuado de confianza para el desarrollo de tecnologías Big Data.

Fugas de datos en despachos de abogados

Fugas de datos en despachos de abogados

Fugas de datos en despachos de abogados. La Agencia Española de Protección de Datos se mantiene siempre activa en creación de contenido para hacer más accesible la protección de datos y seguridad de la información a la mano del ciudadano.

En este caso, nos encontramos con que en los últimos días la Agencia, a través de su sitio web ha publicado una nueva guía para poder trabajar con mayor seguridad.

Esta Guía TIC, publicada por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos, analiza de forma práctica cómo prevenir una fuga de información en un despacho de abogados y cómo gestionarla en caso de producirse.

La información se ha convertido en uno de los activos más importantes que posee un despacho de abogados. Tal información, en caso de pérdida, sustracción o acceso no consentido por parte de terceros, puede ser empleada con fines indeseados o utilizada con fines comerciales. Es por ello que las fugas de información se están convirtiendo en una de las amenazas a la que se enfrenta en el nuevo mundo conectado una profesión como la abogacía, la cual se basa en gran medida en la confianza que los clientes depositan en estos profesionales.

La guía expone el origen, tanto externo como interno, de las amenazas que pueden provocar las fugas de información, para analizar a continuación cómo prevenirlas o mitigarlas. En el amplio apartado dedicado a cómo gestionar la fuga de información se expone un plan para la gestión de los incidentes que recoge los principales puntos y aspectos a tener en cuenta por parte de un despacho de abogados que quiera reforzar su capacidad de prevención y reacción.

Memoria de la Agencia Española de Protección de datos 2015

Memoria de la Agencia Española de Protección de datos 2015

Memoria de la Agencia Española de Protección de datos 2015. Como viene siendo habitual cada año, la Agencia ha publicado su informe anual con los datos, sanciones y estudios realizados durante el periodo de 2015.
Este análisis de su actividad anual ha reflejado un incremento en el número de denuncias y reclamaciones resueltas:
Se han resuelto 10.871 denuncias frente a las 9.404 resueltas en 2014 (+15,60%).
Las reclamaciones de los ciudadanos para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), se han resuelto 2.113 en 2015 frente a las 1.818 de 2014 (+16,23). De estos datos se desprende que ha habido un incremento medio en la resolución de reclamaciones y denuncias de un 15,70% respecto a 2014.
Las denuncias y reclamaciones planteadas ante la AEPD por los ciudadanos en 2015, se han recibido un total 10.571, una cifra que supone una consolidación con respecto a años anteriores tras el repunte de 2014.
En lo referente a las principales reclamaciones planteadas ante la Agencia, podemos encontrar en primer lugar la inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular. Uno de cada tres afectados denunció ante la AEPD cuestiones relacionadas con el ámbito de la morosidad, en particular la inclusión en ficheros comunes, la reclamación de deudas impagadas o la contratación irregular en servicios ofrecidos por operadores de telecomunicaciones, entidades financieras o compañías energéticas.
Analizando los tipos procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acuden a la Agencia reclamando la tutela de sus derechos, ocupan el primer lugar los procedimientos de cancelación (1.329) seguidos, por este orden, de los referentes al acceso (608), oposición (130) y rectificación (97).
Haciendo alusión a los procedimientos de tutela por el denominado derecho al olvido frente a buscadores, la Agencia ha dictado 371 resoluciones, estimando la petición del ciudadano en 157 ocasiones y desestimando en 82. En 131 se inadmitió, ya que los reclamantes no se habían dirigido con anterioridad al buscador solicitando la cancelación de los datos tal y como exige la legislación.
Por otra parte, se atendieron casi 220.000 consultas planteadas por los ciudadanos a través de diferentes canales (+10,6 respecto a 2014), de las que hay que destacar el aumento de las preguntas realizadas a través de la Sede electrónica de la Agencia, con un incremento del 23,6% respecto al año anterior.
La inscripción de ficheros en el Registro, finalizó con más de 4,1 millones de ficheros inscritos, cifra que supone un incremento de casi un 10% respecto al cierre del año anterior.
En cuanto a los informes emitidos, destacar que se publicaron 485 informes en los que dio respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas (305) como por entidades privadas (180).
Las sanciones de mayor cuantía han recaído en empresas de telecomunicaciones (51% del total), entidades financieras (17%) y empresas encargadas del suministro y comercialización de energía o agua (8,7%), seguidas de las infracciones declaradas por comunicaciones electrónicas comerciales –spam- (6,5%). De estas cifras, en comparación con 2014, hay que destacar la disminución de las sanciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones (-34%) o a las de los citados suministros (-35%). Por otro lado, el volumen declarado de sanciones en 2015 sube un 18,7% con respecto a 2014 en el caso de entidades financieras y un 39% en el caso de infracciones por spam.
En el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascenso del 11,7% en el número de infracciones declaradas, con un incremento del 30% en los procedimientos resueltos, es decir, 78 procedimientos resueltos han dado lugar a 57 declaraciones de infracción.

Datos imprescindibles para ejercer el “DERECHO AL OLVIDO”

Datos imprescindibles para ejercer el “Derecho al olvido”

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1. “Derecho al olvido” ¿Qué es?

El denominado ‘derecho al olvido’ es aquel derecho mediante el cual se puede imposibilitar la divulgación de información y datos de carácter personal a través de Internet siempre que esa publicación no cumpla una serie de requisitos de adecuación y pertenencia previstos en la normativa. Concretamente, incorpora el derecho a limitar o restringir la difusión universal y sin discriminar de datos de carácter personal en los buscadores generales una vez que la información sea obsoleta o ya no tenga relevancia ni interés público, a pesar de que la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información).

2.  ¿Se puede ejercer contra el buscador directamente sin acudir antes a la fuente original?

Sí se puede. Esto es debido a que los buscadores y los editores originales realizan diferentes tratamientos de datos, con legitimaciones diferenciadas y además, con impactos muy distintos sobre la privacidad de las personas. Como consecuencia, sucede con mucha asiduidad, que no corresponda conferir el derecho frente a la fuente original y sí frente al buscador, ya que la divulgación universal que realiza el motor de búsqueda, añadido a la información adicional que suministra sobre la misma persona cuando se busca por su nombre, puede llegar a tener un impacto muy desproporcionado y negativo sobre su privacidad.

3. Una vez ejercido frente a un motor de búsqueda, ¿desaparecerá la información de la red?

No. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fechada a 13 de Mayo del año 2014 expresa que el uso o empleo de los derechos

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de cancelación y oposición utilizado frente a los motores de búsqueda solamente influyen a los resultados alcanzados en las búsquedas realizadas mediante el nombre del individuo y no conlleva que la página web tenga que ser eliminada de los índices del motor de búsqueda ni del editor original.El enlace que se muestra en el motor de búsqueda sólo va a dejar de ser visible cuando la búsqueda se produzca mediante el nombre del individuo que haya ejercido su derecho. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado continuará mostrándose siempre que la búsqueda se realice con otras palabras.

4. ¿Cómo ejercer el derecho?

La legislación española establece que para ejercer el derecho al olvido es indispensable y necesario que el ciudadano se tenga que dirigir en primer momento a la entidad que está tratando sus datos (motor de búsqueda). Los buscadores mayoritarios, como por ejemplo Google o Yahoo, han habilitado sus propios formularios. En el caso de que los buscadores no respondan a las peticiones, el individuo podrá ponerse en contacto con la AEPD (Agencia Española de Protección de datos) para que la Agencia tutele su derecho.

Desde Equal Protección de Datos prestamos asesoramiento sin compromiso para todo aquél que desee una información más extensa y personalizada sobre el denominado “derecho al olvido”, así como sobre cualquier otra cuestión relacionada con la Protección de Datos de Carácter Personal.

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Uso ilegal de datos: La AEPD cerca a telecos, financieras y eléctricas

Uso ilegal de datos: La AEPD cerca a telecos, financieras y eléctricas

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El 73% de las multas fueron para estos sectores

Altas fraudulentas con falsificación de firma, facturas de otros clientes cuyo impago lleva al afectado al fichero de morosos, mensajes privados desvelados por Google o Facebook, datos personales utilizados de forma espuria para otros fines. La Agencia de Protección de Datos constata que las entidades que más abusan haciendo uso ilegal de datos de sus clientes,  son las telecos, las empresas de internet, las financieras y las eléctricas.

El año pasado fue  año récord en  investigaciones y multas realizadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Según fuentes conocedoras de estas investigaciones.

Las empresas de telecomunicaciones, las de internet y redes sociales se han convertido, de nuevo, en las que más abusaron de sus clientes, sin respetar los datos personales de los mismos y haciendo un uso ilegal de sus datos.

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Un año antes, según datos oficiales, el 73% de las multas impuestas por la AEPD fueron para las empresas de este sector, sobre un monto total de sanciones de 21 millones de euros. En 2015 esta cifra podría superarse, según las fuentes consultadas. Google, Vodafone, Movistar y Orange fueron, según las primeras estimaciones, se llevan la palma en el número de sanciones por diferentes tipos de abusos.

Equal Protección de Datos aboga por extremar al máximo las precauciones. Muchas veces no somos conscientes de la gravedad de las imprudencias que podemos llegar a cometer. Por eso, ante la duda lo mejor es el asesoramiento y no hablamos del asesoramiento puntual sino del asesoramiento continuo y permanente.

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