LOPD – Ley de Protección de datos – Equal protección de datos – Equal LOPD

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Día Internacional de la Ciberseguridad. El Binomio con Protección de datos.

Con motivo del día Internacional de la Ciberseguridad, el pasado 30 de noviembre, no viene mal recordar, de nuevo, la importancia que la seguridad de la información tiene.

Como hemos venido repitiendo en diferentes artículos, hoy en día, en un mundo cada vez más digitalizado, protección de datos y ciberseguridad forman parte de un mismo ámbito dentro del cumplimiento normativo de las empresas. La primera no se puede entender sin la segunda, pues podemos contar con todos los protocolos necesarios en cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, pero si no tomamos medidas encaminadas a proteger nuestra información automatizada posiblemente de nada servirán nuestros esfuerzos.

Directiva europea de ciberseguridad

Lo anterior se refuerza si tenemos en cuenta que está en camino la conocida como NIS2, o nueva Directiva Europea de Ciberseguridad, aún en fase de borrador, y que vendrá a sustituir, cuando se apruebe, a la Directiva NIS, adaptada en España mediante el Real Decreto 12/2018, desarrollado por el real Decreto-Ley 43/2021.

La nueva Directiva pretende ampliar los sujetos obligados, reforzar las medidas de control de los servicios de computación en nube,  homogeneizar la normativa en el ámbito de los Estados europeos, e implementar un proceso sancionador más restrictivo y exigente. 

Dentro de esta exigencia se contempla en la NIS2 que la ciberseguridad sea reconocida de forma expresa como una responsabilidad en la empresa al más alto nivel, involucrando a los altos directivos

No es extraño que se pretenda elevar el nivel de exigencia en ciberseguridad. Sabemos los datos que nos ha dejado la pandemia en este campo, duplicando, por ejemplo, los ciberdelitos y triplicando los ataques mediante ramsomware. Sin embargo, no parece que en las empresas esto haya supuesto un incremento de las medidas de seguridad en la misma proporción, lo cual es preocupante, no solo en aras a evitar sanciones, sino para no poner en juego la propia continuidad del negocio.

La cultura de la ciberseguridad en las empresas

Al igual que ocurre con el RGPD y la LOPDGDD, es fundamental, más allá del mero cumplimiento formal o “estético”, introducir en las empresas una verdadera cultura de la ciberseguridad, que permita, no solo adoptar medidas técnicas, sino concienciar al personal que tenga acceso a la información del importante papel que juegan en la prevención de posibles ataques informáticos.

A la espera de la NIS2, y con los medios y conocimiento de los que ya disponemos, uno de los puntos clave a la hora de implementar esta cultura de ciberseguridad que perdure en el tiempo sería el de “formación, formación, formación y después…más formación”. Fundamental en todos los campos, y especialmente importante en el de la seguridad informática. Los trabajadores deben tener conciencia de los riesgos y ser capaces de identificar cuándo se encuentran ante uno de ellos (páginas poco seguras, correos con virus malicioso, etc…), proporcionándoles por parte de la empresa los medios y herramientas adecuadas para obtener una capacitación y conocimientos mínimos en conceptos relacionados con la ciberseguridad.

Desde Equal siempre recomendamos buscar un asesoramiento experto en materia de protección de datos, de cara a cumplir con el RGPD y así evitar posibles sanciones.

La AEPD apercibe a entidad por no tener adecuadas la política de privacidad y de cookies de su web

En el procedimiento sancionador PS/00219/2021, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos, a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN del Principado
de Asturias, titular y responsable de la página web, ***URL.1, (en adelante, “la parte reclamada”), por presunta infracción del RGPD, se apercibe a dicha entidad al no haber cumplido con el Reglamento General de Protección de Datos.

El reclamante, en fecha 09/01/21, inició el procedimiento, indicando ante la agencia la existencia de irregularidades en cuanto al cumplimiento del RGPD por parte del titular de determinada web, siendo dicho titular la Consejería de Educación del Principado de Asturias, en su escrito expresa lo siguiente :

“Se detectaron en la página web ***URL.1 infracciones administrativas tipificadas en el Reglamento general de protección de datos («RGPD») y en la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, tanto en su política de privacidad como en la política sobre cookies»

«Por otra parte, al acceder a la página web ***URL.1 que se denuncia, se comprueba que se accede a la dirección con protocolo de seguridad “http”, posibilitando así, que
otros usuarios puedan interceptar la información que se transfiere desde el terminal del cliente al servidor web, ya que la información que proporcionan los usuarios no se
trasfiere de forma segura (encriptada) (…)”.

Ante ello la agencia dirigió requerimiento informativo a la parte reclamada, recibiendo escrito de contestación por parte de la Consejería, en el que indican que a su entender no existe falta de adecuación de la web al RGPD en lo relativo a la política de privacidad y cookies, expresando que la web no maneja información sensible o personal de los usuarios «al tener un carácter meramente informativo para los usuarios, de las actividades desarrolladas por el Centro Integrado FP ***LOCALIDAD.1 o noticias relacionadas con la Formación Profesional».

Por otro lado la consejería manifiesta en relación a las cookies lo siguiente :

«Las «cookies» utilizadas por ***URL.1 no son invasivas ni nocivas, y no contienen datos de carácter personal. No obstante, se informa al usuario que navega por nuestra web que se utilizan y se le pide su aprobación, ya que puede desactivarlas siguiendo las instrucciones de su navegador.»

La Agencia Comprueba e inicia Procedimiento Sancionador

Recibidas las alegaciones por parte del reclamado, la agencia procede a realizar comprobaciones sobre la web de la que la Consejería es titular, constatándose :

  • En relación al tratamiento de datos personales, el hecho de que se produce una recopilación de los mismos, datos como el nombre, apellidos, email, etc., produciéndose la misma a través de formularios, siendo posible el envío de información sin necesidad de haber “leído y aceptado” la política de privacidad o aviso legal. No existe más que un botón con el mensaje de «enviar».

  • Referente a la política de privacidad, la no actualización y adecuación al Reglamento General de Protección de Datos.

  • Sobre las cookies y su política, la instalación de cookies, no necesarias para el funcionamiento de la web, tanto propias como de terceros, así como la no adaptación al modelo de capas, por otro lado, la política de cookies no informa de que cookies son instaladas ni cual es su función.

Por todo ello la Agencia Española de Protección de Datos decide iniciar procedimiento sancionador.

La Consejería es Apercibida

Finalmente ,y trás recibir las pertinentes alegaciones por parte de la Consejería, habiendo adecuado la web al RGPD, la AEPD decide apercibir por :

  • Infracción del artículo 32.1) del RGPD, sancionable conforme a lo dispuesto en el art. 83 de la citada norma, respecto de la falta de seguridad en la página
    web, durante el tiempo que estuvo activo el protocolo http//, en página web en cuestión hasta su modificación.
  • Infracción del artículo 13) del RGPD, por el tiempo que estuvo sin adaptar la “Política de Privacidad”, a la nueva normativa vigente.

Desde Equal siempre recomendamos buscar un asesoramiento experto en materia de protección de datos, de cara a cumplir con el RGPD y así evitar posibles sanciones.

El Supremo multa a empresa por no respetar el derecho de oposición de un cliente inscrito en la lista Robinson

El supremo ha ratificado la sanción de 40.000 Euros impuesta por la AEPD a Mutua Madrileña por enviar anuncios a un cliente que había rechazado el uso de sus datos para fines comerciales, cliente que se encontraba incluido en la lista Robinson.

La sala tercera de lo contencioso administrativo estima que una empresa es siempre responsable última de su publicidad, incluso en el supuesto de tener subcontratado el servicio de publicación de campañas publicitarias.

El caso en cuestión tiene su origen en la reclamación de un cliente de la aseguradora que tenía contratadas diversas pólizas, habiéndose inscrito en la lista Robinson de cara a no seguir recibiendo publicidad de la empresa. La inclusión en este servicio le blindaba frente comunicaciones publicitarias, así como frente a la participación en estudios de mercado.

Dicho cliente había ejercido el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales ante la aseguradora, habiendo enviado diversas comunicaciones en las que indicaba que únicamente autorizaba el tratamiento de sus datos personales para aquellos fines imprescindibles para el desarrollo de la relación contractual.

Pese a ello, el reclamante siguió recibiendo comunicaciones publicitarias por parte de la aseguradora, al no haber esta comunicado a la empresa encargada de la gestión publicitaria la oposición por parte del cliente al tratamiento de sus datos personales con fines publicitarios.

Por todo ello, sentando jurisprudencia, el Supremo ratifica la sanción impuesta por la AEPD, ya que el responsable último, pese a existir una subcontratación del servicio publicitario, es la empresa aseguradora, estando obligada a adoptar toda medida que garantice la efectividad del ejercicio del derecho de oposición por parte del cliente.

Desde Equal siempre recomendamos buscar un asesoramiento experto en materia de protección de datos, de cara a cumplir con el RGPD y así evitar posibles sanciones.

Seudonimización y anonimización de datos personales

Seudonimización y anonimización son dos conceptos que de manera habitual generan confusión.

La gran diferencia radica en las garantías que protegen los derechos de los interesados, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no se aplica para los datos anonimizados, siendo de aplicación tanto en el caso de datos seudonimizados, como en relación a la información adicional vinculada con dichos datos.

El RGPD entiende como información anónima al conjunto de datos que no guarda relación con una persona identificada o identificable ( Considerando 26 del RGPD), sin embargo, la información seudonimizada permite, mediante el uso de información adicional, que dichos datos se puedan atribuir a un interesado. Dicha información adicional ha de figurar por separado, estando sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable

Siempre que se transformen datos personales en información anónima o seudonimizada se estará llevando a cabo un tratamiento sobre dichos datos personales. El tratamiento de seudonimización dará lugar a dos nuevos conjuntos de datos : la propia información seudonimizada y la información adicional que permite que dichos datos puedan ser atribuidos a un interesado en concreto. Con respecto al proceso de anonimización únicamente se genera un nuevo conjunto de datos.

Como indicamos anteriormente, los datos anonimizados no están bajo el ámbito de aplicación del RGPD ( Considerando 26), pudiendo estar bajo el ámbito de aplicación de normas como seguridad nacional, salud pública,etc. En este caso hay que tener en cuenta que :

  • Los datos anonimizados quedan fuera del ámbito de aplicación del RGPD siempre que se puede demostrar la no existencia de capacidad material para asociar dichos datos a una persona física en concreto,  directa o indirectamente, ya sea mediante el uso de otros conjuntos de datos, informaciones o medidas técnicas y materiales que pudieran existir a disposición de terceros.
  • El tratamiento que generan los datos anonimizados sí es un tratamiento de datos personales, que puede considerarse compatible con el fin original del tratamiento de datos personales del que proceden los datos 

ANONIMIZACIÓN, SEUDONIMIZACIÓN Y SUS GARANTÍAS

Serán considerados como anónimos aquellos datos que no permitan la identificación de una persona física, teniendo en cuenta el tiempo requerido para llevar a cabo la reidentificación, los costes, así como los medios tecnológicos actuales o futuros usados para revertir el proceso. Siendo la garantía fundamental la robustez del proceso de anonimización contra una posible reidentificación. La reversión de la anonimización supone la plena aplicación del RGPD a los sujetos obligados que traten los datos personales.

Los datos seudonimizados, el tratamiento inicial que los genera, así como la información adicional vinculada a los propios datos seudonimizados se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, estando protegidos por cuatro tipos de garantías :

  1. El tratamiento de seudonimización que ha de evitar que se pueda reidentificar sin disponer de información adicional.
  2. Los principios y garantías del RGPD y las limitaciones que establece en relación a las finalidades, periodo de conservación,etc.
  3. Las garantías adicionales que lleve el tratamiento de los datos en función del riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
  4. Las garantías técnicas y organizativas dispuestas de cara a impedir que se produzcan brechas de datos personales, ya sea sobre los datos seudonimizados o sobre la información adicional asociada.

Desde Equal siempre recomendamos buscar un asesoramiento experto en materia de protección de datos, de cara a cumplir con el RGPD y así evitar posibles sanciones.

Club deportivo sancionado por añadir a un cliente a grupo de Whatsapp sin su consentimiento

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 4000 Euros a un Club deportivo, al haber este incluido en un grupo de Whatsapp a un antiguo cliente, sin contar con consentimiento previo u autorización por parte de dicho cliente.

El afectado reclama ante la AEPD indicando que su número de teléfono, siendo este un dato personal, ha sido incluido en un grupo de Whatsapp sin habérsele solicitado consentimiento previo. Para mayor gravedad, el cliente no es usuario o mantiene relación alguna con el centro deportivo desde hace más de 10 años.

Una vez iniciado el procedimiento la Agencia dio traslado de dicha reclamación al reclamado, de cara a que se procediese al análisis de la misma y se informase a la AEPD de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a la normativa de Protección de datos, no recibiendo respuesta  por parte del reclamado.

LA AEPD ACTUA ANTE LA VULNERACIÓN DEL RGPD

Por todo ello, la AEPD inició procedimiento sancionador, por la presunta infracción de los arts. 32, 5.1.e) y 6 del RGPD.

El reclamado vulnera el art, 6 del Reglamento General de Protección de Datos al haber tratado datos personales del reclamante sin su previo consentimiento

Por otro lado, y como indicábamos previamente, contraviniendo el art. 5.1 e) del RGPD, el centro deportivo conserva los datos personales del cliente pese a que el reclamante no es su cliente desde hace más de diez años. El RGPD establece que los datos no podrán conservarse más que el tiempo necesario para la finalidad para la que fueron tomados.

Para finalizar, al haber puesto a disposición de terceros el número de teléfono móvil del reclamante, habiéndole incluido en un grupo de Whatsapp, se vulnera su confidencialidad. Considerando la agencia que las medidas de seguridad del reclamado no se adecuan a la Ley, al contravenir los apartados b y d del art. 32 del Reglamento.

4000 EUROS DE SANCIÓN

Si bien la AEPD considera que no hay intencionalidad en la vulneración del RGPD, si valora dicha vulneración como significativa, al conservar el reclamado los datos personales del reclamante pese a no ser cliente desde hace más de diez años.

Por todo ello la AEPD impone al club deportivo las siguientes cuatro sanciones:

  • Por la infracción del art. 6 del RGPD, una multa de 1.000 euros;
  • Por la infracción del art. 5.1 e) del RGPD, una multa de 1.000 euros;
  • Por la infracción del art. 32.1 e) del RGPD, una multa de 1.000 euros;
  • Por la infracción del art. 32.1 d) del RGPD, una multa de 1.000 euros.


No es necesario que la empresa informe al trabajador sobre el uso que le da a la videovigilancia

Si el trabajador tiene conocimiento de la existencia de cámaras de videovigilancia, con las que pueda estar siendo grabado en el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo, la empresa no está obligada a informar sobre el uso que se da a dicho sistema de videovigilancia, pudiendo ser las imágenes utilizadas en un procedimiento judicial.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de Julio de 2021, indica que el artículo 88.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) de 2018, establece que en el supuesto de que se haya captado mediante sistema de videovigilancia la comisión flagrante de un acto ilícito por parte de los trabajadores, se entenderá cumplido el deber de informar siempre que el trabajador sea consciente de la existencia de dicho sistema.

El ponente, el magistrado García-Perrote Escartín, indica que la sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, 3 de marzo de 2016, así lo reconoce.

De cara a que al trabajador le conste la existencia de un sistema de videovigilancia, y en cumplimiento de la Ley en materia de protección de datos, la empresa deberá colocar un dispositivo informativo indicando la existencia de un sistema de videovigilancia, en lugar suficientemente visible, identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos.

Adicionalmente, el magistrado, considera que en determinadas circunstancias, tal y como establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH ), en la sentencia de su Gran Sala de 17 octubre 2019 (López Ribalda II), no es preciso que la empresa indique al trabajador la existencia y localización de determinadas cámaras, sin que ello conlleve la nulidad como prueba de la grabación.

Cuestión distinta es que, para cumplir con la normativa de protección de datos y en concreto con el deber de informar, sí se deberá facilitar a los trabajadores la finalidad o finalidades concretas de las grabaciones de cara a evitar posibles consecuencias en este ámbito.

Whatsapp sancionada por falta de transparencia

La Comisión de Protección de Datos (CPD) de Irlanda, ha sancionado a Whatsapp con una multa de 225 millones de Euros por falta de transparencia.

Una opacidad mostrada tanto a la hora de informar sobre el tratamiento que da a los datos personales de usuarios y no usuarios, como a la hora de especificar que datos se transfieren entre Whatsapp y otras redes sociales del grupo como Facebook e Instagram.

Esta multa es la segunda de mayor cuantía impuesta por el organismo regulador en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) , solo habiendo sido superada por la multa impuesta a Amazon por el CNPD, autoridad de protección de datos de Luxemburgo, por valor de 746 millones de Euros.

Whatsapp no solo ha sido multado, si no que se le ha impuesto una orden de cara a que corrija su normativa y procesos adaptándolos al RGPD.

UN LARGO PROCESO

La sanción es resultado de una investigación iniciada por la autoridad irlandesa en 2018, de cara a averiguar si Whatsapp cumplía con el RGPD, habiendo propuesto en un primer momento una sanción de 30-50 millones de Euros.

Dicha propuesta, al afectar la vulneración del Reglamento a toda Europa, fue compartida con las distintas autoridades de control de diversos países europeos, mostrando estos su desacuerdo con la autoridad irlandesa.

La principal disputa versaba sobre la gravedad y alcance del no ajuste al Reglamento por parte de Whatsapp, así como sobre la cuantía de la sanción.

Al no existir acuerdo entre los distintos organismos reguladores se hubo de acudir al Comité Europeo de Protección de Datos, tomando este la decisión de elevar la sanción a 225 millones de Euros.

WHATSAPP SE DEFIENDE

Whatsapp, en un comunicado, ha indicado que la sanción se basa en el nivel de detalle de políticas vigentes hace tres años, habiendo sido su política de privacidad actualizada recientemente.

La compañía asegura que trabaja para garantizar la máxima transparencia en la información que facilita a sus usuarios, manifestando no estar de acuerdo con la sanción, al considerarla desproporcionada.

A lo largo de este año, tanto Facebook como Whatsapp han sido objeto de diversas polémicas en relación a la protección de datos, todo ello a causa del anuncio por parte de la aplicación de mensajería de cambios en su política de privacidad y condiciones de uso.

Desde Equal siempre recomendamos buscar un asesoramiento experto en materia de protección de datos, de cara a cumplir con el RGPD y así evitar posibles sanciones.

Guía para el Cumplimiento del Deber de Informar

El Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El RGPD sustituirá, a partir de mayo de 2018, a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (en adelante, LOPD) y al Reglamento RD-1720/2007, que la desarrolla, e introduce una serie de cambios y novedades a los cuales es necesario adaptar los actuales tratamientos, con anterioridad a la fecha de su plena aplicación.

El objeto de esta Guía, de forma específica, es orientar acerca de las mejores prácticas para dar cumplimiento a la obligación de informar a los interesados, en virtud del principio de transparencia, acerca de las circunstancias y condiciones del tratamiento de datos a efectuar, así como de los derechos que les asisten. Esta guía cubre únicamente este objetivo específico, y debe ser complementada con otras guías que las Autoridades de Protección de Datos puedan emitir, en relación con la aplicación del RGPD.

Desde Equal siempre recomendamos contar con un asesoramiento integral a la hora de adaptar nuestro negocio y empresa al RGPD, especialmente para aquellos sectores a los que la Ley obliga a contar con un Delegado de Protección de Datos : https://equalprotecciondedatos.com/elements/dpo-dpd-delegado-de-proteccion-de-datos-empresa/

Guía : https://equalprotecciondedatos.com/wp-content/uploads/2021/09/guia-cumplimiento-deber-informar.pdf

La AEPD Sanciona a una Pyme por no facilitar la información necesaria al recibir curriculums

Sabemos que el deber de información nunca está excluido cuando recabamos datos de carácter personal de cualquier cliente, empleado, proveedor, etc…

Tampoco existe exclusión cuando recibimos curriculums vitae, bien en un proceso de selección determinado, bien de manera espontánea.

Esto, que con la normativa de protección de datos en la mano conocemos, con frecuencia pasa desapercibido y nos olvidamos de la importancia de facilitar la información contemplada en el artículo 13 del RGPD, también en este tipo de situaciones.

Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos nos lo viene a recordar a través de una resolución en la que acuerda sancionar a una empresa con 2.000€ precisamente por no “dar acuse de recibo” de los curriculums que recibía, y por tanto, no facilitando dicha información obligatoria.

Y es que, si bien es el interesado quién facilita su curriculum, llevando a cabo por tanto un acto afirmativo, que es libre y voluntario, lo cual posibilita que la empresa destinataria tenga una base de legitimación para el tratamiento, al menos de inicio, lo que, insistimos, no admite excepción es el deber de informar al candidato sobre el tratamiento que haría de sus datos. En concreto, la información contemplada en el citado artículo 13 del RGPD es, entre otra, la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento, los fines y la base jurídica del tratamiento, el plazo durante el cual se conservará la información recogida, y los derechos que asisten al interesado.

En este caso concreto, el interesado accedió a una oferta de empleo y, siguiendo las instrucciones facilitadas por la empresa, envió su curriculum a través de Whatsapp.

La empresa nunca respondió a dicho mensaje, y por tanto faltó a su deber de informar, lo que dio lugar a una reclamación por parte de este que finalizó en la mencionada sanción.

En concreto en su resolución la AEPD entiende que la empresa había infringido los requisitos de información contenidos en el artículo 13 del Reglamento, «porque no identifica de manera apropiada a su responsable ni los derechos que asisten a los usuarios, ni las vías a utilizar para su ejercicio», una información que la normativa exige que sea facilitada. Este incumplimiento del principio de transparencia o el derecho a la información del afectado, de acuerdo con el artículo 74.a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos española constituye una «infracción leve».

Cierto es que la sanción bien podía haber sido mayor, pero en este caso se tuvo en cuenta que la empresa sancionada no tenía reclamaciones anteriores, que es una pequeña empresa y que no buscó con su conducta buscar un beneficio propio, por lo que se “gradúa” la multa hasta esos 2.000€.

Es importante resaltar que, al igual que ocurre en un número muy elevado de procedimientos que acaban en sanción, la empresa en cuestión tampoco respondió al requerimiento de información sobre el caso que le remitió la Agencia, lo que pone de relieve la vital importancia de, siempre y en todo caso, dar respuesta en tiempo y forma a cualquier requerimiento que podamos recibir.

Bruselas Declara Equivalente la Protección de Datos entre Reino Unido y la Unión Europea

Dentro de los interrogantes que planteaba el “Brexit” se encontraba la situación en la que quedarían numerosas empresas con sede en Reino unido respecto de los tratamientos de datos de usuarios del resto de la Unión Europea.

Pues bien, el pasado mes de junio supimos qué solución se adoptó, al menos de momento, en este problema creado “Brexit – Protección de Datos”.

La Comisión Europea acordó, el día 28 de junio de 2021, dos decisiones de adecuación para las transferencias internacionales de datos personales a Reino Unido.

Una de estas decisiones se refiere al ámbito estricto del Reglamento General de Protección de Datos, mientras que la segunda decisión está relacionada con la protección de datos en el ámbito penal para la cooperación en asuntos judiciales.

Por medio de ellas, Reino Unido se compromete a continuar respetando los principios del RGPD y resto de normativa europea, por lo que Bruselas finalmente ha optado, como decimos, por adoptar estas decisiones que declaran equivalente la protección de datos entre Reino Unido y Europa.

Esto significa que es posible efectuar transferencia de datos entre ambos territorios, sin que ello suponga una transferencia internacional de datos, que estaría sometida a unos requisitos específicos para poder llevarse a cabo. Ello facilita la continuidad en las relaciones comerciales entre ambos, garantizando el pleno respeto a la normativa de protección de Datos europea.

Aún así, desde Bruselas se ha previsto la llamada “cláusula de extinción”, que limita esta decisión a un período máximo de cuatro años, tras el cual deberán someterse a revisión los acuerdos adoptados, comprobando la Unión Europea si Reino Unido continúa cumpliendo en un nivel que resulte equivalente a los principios del RGPD. En caso de que se valore que en ese momento Reino Unido no garantiza un nivel de protección de datos adecuado, Europa se reserva el derecho a no renovar los citados acuerdos.

Igualmente Bruselas se garantiza la opción de intervenir en cualquier momento, sin necesidad de llegar a ese plazo de cuatro años, en caso de que la evolución jurídica de la protección de datos en Reino Unido así lo recomiende.

Por tanto, solo nos queda estar atentos de manera permanente, como en tantas cuestiones, al desarrollo y evolución que Reino Unido pueda tener en el ámbito de la protección de datos, pues de ello dependerá la vigencia de los acuerdos y la posibilidad o no de continuar transfiriendo datos a empresas ubicadas en Reino Unido, lo que afectaría de manera sustancias a numerosos acuerdos comerciales y servicios prestados entre empresas ubicadas en los dos territorios.

Las denuncias internas dentro de la lopd

El nuevo sistema previsto por la ley contribuye al cumplimiento de la normativa.

Según información del diario económico “Cinco Días”, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD) que vio la luz el día 5 de diciembre del pasado año 2018, bajo la denominación “Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”, es algo más que una continuación del Reglamento, tiene sus propias novedades.

Una de ellas se refiere a la figura  del Delegado de protección de datos, que, aunque recogido ya en el Reglamento General de Protección de Datos, es preciso que cuente con unas cualidades determinadas para poder desarrollar unas funciones concretas.

Básicamente, se trata de tener experiencia suficiente en la protección de los datos personales. La nueva ley española determina que los colegios profesionales y sus consejos generales deben proceder a designar su delegado de protección de datos e inscribirlo en el registro habilitado a tal efecto en la Agencia Española de Protección de Datos, organismo público responsable de velar por el cumplimiento de esta materia.

Otra de las novedades, en concreto, es el artículo 24 de la nueva LOPD, que trata del sistema de información de denuncias internas.

El sistema de información de denuncias internas ha sido introducido en la nueva LOPD por la propia Agencia Española de Protección de Datos para facilitar la responsabilidad proactiva de las personas jurídicas en el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos relacionados con esta materia, para exonerar la responsabilidad penal de aquellas entidades que mostrasen suficiente diligencia, ya se trata de uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española para los ciudadanos.

La implantación de este sistema es de carácter voluntario, pero aconsejable, dado que se trata de una medida técnica y organizativa a través de la cual se ponen en conocimiento de la propia organización, las posibles infracciones de la normativa de protección de datos, tanto desde su propio seno, por parte de cualquiera de los miembros que lo integran, como por parte de terceros (el caso de los encargados del tratamiento de los datos personales).

Para favorecer esta colaboración es indispensable que la organización informe previamente a empleados, miembros de la directiva y terceros de la implantación del sistema de información de denuncias internas.

Todo ello garantizando la confidencialidad de la identidad del denunciante, permitiendo realizar la denuncia de forma anónima y restringiendo el acceso, dentro y fuera de la organización, a la información que dicha denuncia aporte.

Este sistema es un mecanismo de ayuda para el delegado de protección de datos en el desarrollo de sus funciones, sobre todo, en la supervisión del cumplimiento de la normativa y de las políticas de privacidad implantadas, en la concienciación dentro de la organización e incluso como un punto relevante en la formación para su personal.

La importancia de llevar el sistema de información de denuncias internas como una de las instrucciones para el encargado en el contrato de tratamiento de datos personales por parte de terceros y por cuenta del responsable.

Con estas medidas, se consigue hacer tanto a los empleados y miembros de la directiva como a terceros fieles aliados, en la lucha contra el uso fraudulento de los datos.

El defensor del pueblo recurre ante el tribunal constitucional la nueva lopd que permite el perfilado político de los ciudadanos

Según informa el diario digital “El Confidencial”, y como ya adelantaba hace días en su sección tecnológica, Teknautas, el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Protección de Datos (LOPD) aprobada el pasado noviembre en el Senado y que permite algo inédito en la democracia española: recopilar «datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas» y enviar «propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería». Se trata del primer recurso confirmado ante el Constitucional, pero aún pueden llegar más.

La Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) presentó hace unas semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo pidiendo que recurriera al Constitucional la nueva LOPD por considerarla inconstitucional.

Tras revisar la petición, el Defensor del Pueblo ha accedido y ha procedido a interponer el mencionado recurso. «El TC definió e instituyó en la sentencia 292/2000 que los ciudadanos tenemos derecho a controlar nuestros datos. La nueva LOPD hace justo lo contrario, nos despoja de ese derecho fundamental. Creemos que también es contraria a los artículos 18.4 y 16 de la Constitución y también al artículo 8 de la carta de derechos fundamentales de la UE«, explica a “El Confidencial” un portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE).

La «queja formal» presentada por la APDHE es una de las vías para iniciar un recurso de inconstitucionalidad ante una nueva ley. Solo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o los gobiernos regionales de las Comunidades Autónomas están capacitados para presentar recursos de inconstitucionalidad.

La nueva LOPD se aprobó a finales de noviembre con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos y el resto de partidos salvo Podemos, que a última hora decidió votar en contra. Salió adelante sin ninguna enmienda, lo que significa que entró en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, el 7 de diciembre. A partir de ese día, se establecen 3 meses para presentar recursos de inconstitucionalidad. El plazo finalizaba el 6 de marzo.

Múltiples juristas especializados en privacidad e internet han cargado contra la ley antes y después de su aprobación asegurando que es anticonstitucional. “Los partidos políticos tienen con ella carta blanca para recopilar datos sobre tu ideología, algo prohibido en la Constitución y en el Reglamento Europeo de Protección de Datos”, explicaba el abogado especializado en internet Carlos Sánchez, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), colectivo que ha calificado la normativa de «escandalosa».

Otro abogado describió como «espeluznante» la posibilidad de crear perfiles ideológicos y el jurista Jorge Morell asegura que la LOPD «abre un melón muy peligroso al servicio de los partidos políticos». Desde Bruselas tampoco se ve con buenos ojos.

La ley española va «totalmente en contra de lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado en mayo», explica asimismo el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi.