Expediente al ayuntamiento de Palma por el caso Espionaje.

Expediente al ayuntamiento de Palma por el caso Espionaje. Desde la Agencia Española de Protección de Datos se ha abierto expediente al Ayuntamiento de Palma y, en concreto, a la Sociedad Municipal de Aparcamientos, por el caso Espionaje.

Esta denuncia ha sido interpuesta por el Grupo Municipal de Ciudadanos, provocando el inicio de una investigación que se prolongará, como máximo, por espacio de un año.

En su escrito, el portavoz de C’s, destaca que el pasado mes de mayo se ordenó a la SMAP el rastreo informático de las tarjetas de pase gratuito de los vehículos privados de los ediles de la oposición para comprobar el uso que estaban realizando, filtrando posteriormente los datos a los medios de comunicación. Esta investigación finalizó con la retirada de estos pases por un supuesto uso abusivo de los mismos, si bien no existía un reglamento o normativa definida al respecto.

En este caso,  el gobierno municipal no sufrió ninguna investigación y los concejales socialistas procedieron a la devolución en un mes antes de que Ferrer ordenara el rastreo informático de los pases de la oposición.

La demanda rezaba que se publicó el número de movimientos realizados en los aparcamientos por cada concejal de la oposición titular de una tarjeta de estacionamiento, así como el lugar en el que estacionaban sus vehículos. Suponiendo “una quiebra del deber de secreto respecto a los datos almacenados por dicha empresa pública así como una puesta en riesgo de las personas afectadas que ostentan además un cargo de representatividad pública”.

Este procedimiento sancionador o de infracción de las administraciones públicas tiene como objeto determinar si han concurrido las circunstancias que justifiquen tal iniciación. En su respuesta la AEPD precisa que «en la actualidad se están realizando ya las actuaciones previas de inspección a las que se refiere el artículo 122 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal aprobado mediante Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre».

Este proceso «que tendrán una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha en que la denuncia ha tenido entrada en la agencia, tienen por objeto determinar con la mayor precisión posible los hechos que pudieran justificar en su caso la incoación de procedimiento sancionador o de infracción de las administraciones públicas identificando la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijando las circunstancias relevantes que pudieran concurrir».

Este llamado caso Espionaje, se ha saldado con el despido de un trabajador del SMAP, supuestamente por haber duplicado de forma ilegal la tarjeta de una de las ediles de la oposición.

Este polémico pase quedó claro que era utilizado con total libertad por muchos de los concejales del gobierno municipal para sus desplazamientos privados, pese a contar estos con el pertinente coches oficiales.