Fake news, internet puede ser un lugar menos fiable

Según informa el diario digital “El Confidencial”, cada vez queda menos para que se apruebe de forma definitiva el nuevo Reglamento Comunitario de Derechos de Autor que puede acabar siendo un escudo para los creadores de bulos.

Una noticia falsa nace en la red, se viraliza, llega a los medios y algunos de estos se hacen eco.

La nueva y polémica normativa europea de derechos de autor, que se aprobará de forma definitiva próximamente (ahora mismo está siendo analizado entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo), puede convertirse en un arma para los creadores de noticias falsas.

Según lo establecido en su artículo 11 y, en menor medida, en el 13, con su aprobación, los cazadores de bulos dejarán de poder trabajar como hasta ahora.

Si finalmente se aprueba la ley sin ningún tipo de enmienda o inclusión de excepciones, todos, incluidos proyectos como “Maldito Bulo”, tendrán que pagar a la web que se ha hecho eco de la noticia falsa, o la haya creado, por enlazar y tomar frases de dicho contenido.

Este artículo 11, ha sido discutido desde el primer momento, pero se quedó tapado tras el 13, que generó mucho más ruido porque obliga a las plataformas privadas como Twitter, Facebook o YouTube a tener sistemas automáticos de censura previa para evitar que se publique cualquier tipo de copia ilegal de un contenido original.

El 13, es una barbaridad, pero este 11 no se queda atrás. El reglamento establece que para enlazar y evitar el pago solo podrías usar palabras sueltas, nada de frases o párrafos de las noticias, aunque sean falsas. Sitios como Maldito Bulo o Menéame tendrían que escribir casi en indio para poder sobrevivir sin estar todo el día pagando a los medios que enlazan y a las noticias que intentan desmentir.

No solo preocupa el no poder enlazar, sino que también la posibilidad de ser censurados en redes sociales. Es habitual usar muchas capturas de pantalla de los bulos para desmentirlos.

En cuanto al sentido de una norma así, que incluso va contra las propias intenciones de la UE, puede convertirse en un arma para la propaganda. Con esta norma sería mucho más difícil acabar o al menos luchar contra esta propaganda.

Aunque la ley ya pasó los primeros cortes para ser aprobada, aún queda para su inclusión total, y entre los pasos que faltan, hay uno clave: la trasposición del reglamento a la legislación española. Algo que el propio Sánchez Almeida, abogado experto en estos temas, preguntado por El Confidencial, ve con pesimismo.

Finalmente, nos encontramos con la incertidumbre por cómo se aplicará de manera efectiva en España, donde añade Sánchez Almeida “que ya lo hemos visto con el RGPD y la nueva ley de Protección de Datos”. “En España se suele legislar de más”, por lo que habrá que ver cómo se hace, si se acaba aprobando, cuando se adapte a la legislación española.