La protección de datos en Estados Unidos es asunto de estado, y filtrar documentos oficiales te llevan a la cárcel, éste es el caso de una chica de 25 años que trabajaba en la Fuerza Aérea en Georgia, R. L. Winner, que ha sido identificada gracias al rastro que se queda en las impresoras.

La fecha, la hora y el documento que se imprimió, fue reduciendo los sospechosos hasta descubrir a la autora, que fue detenida.

Para ello, la NSA, agencia americana de seguridad, usó los “Tracking Dots”, una serie de puntos que se pueden descubrir, si uno hace una ligera búsqueda en el documento filtrado, según informa el Washington Post.

Este caso de filtración de datos se une a la larga lista de filtraciones de la era digital, que tiene como punto álgido el caso Wikileaks, el 25 de julio de 2010, cuando los periódicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel hicieron públicos un conjunto de unos 92.000 documentos sobre la Guerra de Afganistán entre los años 2004 y 2009.

En marzo de 2017, el portal Wikileaks aseguró haber obtenido los detalles de un programa de hackeo de teléfonos, ordenadores y televisores por parte del espionaje de Estados Unidos, y comenzó a filtrar miles de documentos relacionados atribuidos a la CIA.

Incluyendo el programa llamado “Año Cero”, que estaba preparado con una serie de armas informáticas para conseguir hackear teléfonos móviles y dispositivos producidos por compañías norteamericanas, como los iPhone de Apple, el sistema Android de Google, el Windows de Microsoft o los televisores Samsung con conexión a Internet, que se convertían en micrófonos encubiertos a través de los cuales se podría espiar a cualquier usuario.

Últimamente, según informa El Confidencial, prueba que hay mucho desconocimiento sobre el tema, se ha creado una alarma entre las empresas que han recibido un email del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno, que ha mandado un email informativo a más de 20 mil empresas, para informar sobre la Ley 34/2002, de 11 de julio, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (LSSI), que decía como forma publicitaria, muy poco acertada: “Se ha observado que su página web no cumple con alguna de estas obligaciones”.

Incluso, la Administración, por error puede incumplir la Ley de Protección de Datos, como ocurrió la semana pasada cuando un empresario entró en la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para solicitar el certificado digital de representante, un documento que le permite hacer trámites burocráticos ‘online’ en nombre de su empresa, de la que es administrador solidario.

Según Teknautas, lo que ocurrió después fue una de las mayores “chapuzas” digitales realizadas recientemente por un organismo público, ya que tras pagar los 24 euros que cuesta dicho certificado y obtenerlo, recibió un correo de la sede electrónica de la FNMT, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la correspondiente factura. Sin embargo, había algo raro: el archivo PDF pesaba 10 megas y tenía nada menos que 1.101 páginas, las facturas de las otras 1.100 empresas españolas que habían gestionado un certificado idéntico o similar, ese día.

Desde EQUAL debemos insistir en que es preciso extremar las precauciones en materia de protección de datos, así como facilitar una formación clara y continua a los empleados, ya que debemos recordar que, aunque no haya intencionalidad en las acciones que se llevan a cabo, un mero error puede conllevar una vulneración de la LOPD que podría dar lugar a una fuerte sanción.

 

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Las filtraciones y nuestros datos - Actualidad en Protección de datos
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