Según informa el diario digital “El Confidencial”, y como ya adelantaba hace días en su sección tecnológica, Teknautas, el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Protección de Datos (LOPD) aprobada el pasado noviembre en el Senado y que permite algo inédito en la democracia española: recopilar «datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas» y enviar «propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería». Se trata del primer recurso confirmado ante el Constitucional, pero aún pueden llegar más.
La Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) presentó hace unas semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo pidiendo que recurriera al Constitucional la nueva LOPD por considerarla inconstitucional.
Tras revisar la petición, el Defensor del Pueblo ha accedido y ha procedido a interponer el mencionado recurso. «El TC definió e instituyó en la sentencia 292/2000 que los ciudadanos tenemos derecho a controlar nuestros datos. La nueva LOPD hace justo lo contrario, nos despoja de ese derecho fundamental. Creemos que también es contraria a los artículos 18.4 y 16 de la Constitución y también al artículo 8 de la carta de derechos fundamentales de la UE«, explica a “El Confidencial” un portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE).
La «queja formal» presentada por la APDHE es una de las vías para iniciar un recurso de inconstitucionalidad ante una nueva ley. Solo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o los gobiernos regionales de las Comunidades Autónomas están capacitados para presentar recursos de inconstitucionalidad.
La nueva LOPD se aprobó a finales de noviembre con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos y el resto de partidos salvo Podemos, que a última hora decidió votar en contra. Salió adelante sin ninguna enmienda, lo que significa que entró en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, el 7 de diciembre. A partir de ese día, se establecen 3 meses para presentar recursos de inconstitucionalidad. El plazo finalizaba el 6 de marzo.
Múltiples juristas especializados en privacidad e internet han cargado contra la ley antes y después de su aprobación asegurando que es anticonstitucional. “Los partidos políticos tienen con ella carta blanca para recopilar datos sobre tu ideología, algo prohibido en la Constitución y en el Reglamento Europeo de Protección de Datos”, explicaba el abogado especializado en internet Carlos Sánchez, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), colectivo que ha calificado la normativa de «escandalosa».
Otro abogado describió como «espeluznante» la posibilidad de crear perfiles ideológicos y el jurista Jorge Morell asegura que la LOPD «abre un melón muy peligroso al servicio de los partidos políticos». Desde Bruselas tampoco se ve con buenos ojos.
La ley española va «totalmente en contra de lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado en mayo», explica asimismo el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi.
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