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¿Es legal el control laboral con cámaras?

Según información que recoge el Diario “Cinco Días”, uno de los ámbitos en el que la irrupción de las nuevas tecnologías está provocando mayor litigiosidad es el de las relaciones laborales, con especial incidencia en los límites del control que el empresario puede ejercer sobre la actividad de los trabajadores.

A este respecto, en los últimos años ha resultado especialmente conflictiva la videovigilancia de los trabajadores en el seno de las empresas.

En la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, en vigor desde diciembre,  que adapta el Reglamento Europeo, se regula expresamente cómo debe llevarse a cabo esta práctica, en concreto en su artículo 89.

Hace unos días, un Juzgado de los Social de Pamplona dictó la primera sentencia que se apoya en la nueva normativa.

En el caso concreto enjuiciado se analiza el despido disciplinario de un empleado que es captado por las cámaras de seguridad peleándose con otro trabajador de su misma empresa en el parking de esta. El trabajador impugnó la prueba basada en las imágenes, argumentando que la entidad no había informado sobre la finalidad del sistema de grabación, alegación que el juez acepta, declarando nulos los vídeos. Sin embargo, al existir testigos que acreditaban la disputa, falló a favor de la empresa, declarando válido el despido.

Si solo hubieran existido las grabaciones como único medio de prueba, la demanda del trabajador se habría estimado.

Recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), la nueva LOPD determina que los empleadores “habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores” de dos circunstancias:

  • La primera, de la propia instalación de las cámaras de seguridad.
  • La segunda, que las imágenes que estas capten pueden ser utilizadas para el control laboral.

Esta segunda circunstancia, la de informar de la finalidad concreta del uso de las cámaras con fines de control laboral, que la empresa no efectuó, es el argumento que el Juez acoge para no admitir las grabaciones como medio de prueba válido.

El deber de información, por tanto, es doble y no se entiende satisfecho si la empresa se limita a colocar junto al circuito un cartel informativo genérico, sino que, además, debe advertir a la plantilla de la grabación puede dar lugar a acciones disciplinarias.

En esta misma dirección, el juzgado de Pamplona subraya en su sentencia que “quedan absolutamente prohibidas las grabaciones encubiertas u ocultas, que es tanto como decir no informadas”.

Otro de los fallos más comunes, es la grabación en zonas no permitidas, como vestuarios o baños, lo que “vulnera el derecho a la intimidad del trabajador”.

Debemos insistir en que en todo caso la empresa debe informar personalmente a cada trabajador, así como a los representantes sindicales, por medios que acrediten la recepción de dicha comunicación.

Si lo que captan las cámaras es un delito (el robo de material de la empresa, por ejemplo), el Tribunal Supremo declaró que, en caso de delito, bastaba, para que la prueba fuera válida, que el trabajador conociera la instalación de las cámaras. La nueva ley orgánica parece sumarse a esta tesis al aseverar que si se ha captado “la comisión flagrante de un acto ilícito” (ni siquiera lo circunscribe a delitos), del deber de informar se entiende cumplido si hay aviso de la existencia de la videovigilancia.

El juzgado de Pamplona, sin embargo, rechaza que sea admisible esa rebaja de las garantías. “Conviene no confundir la legitimidad del fin con la constitucionalidad del medio para su consecución”, advierte, en defensa de los derechos fundamentales.

España indemnizará a cinco empleadas por vigilarlas con Cámaras

España indemnizará a cinco empleadas por vigilarlas con Cámaras

Según informa “El Mundo” España indemnizará a cinco empleadas por vigilarlas con Cámaras, debido a que en 2006 cinco empleadas de una cadena de supermercados española fueron despedidas por haber cometido robos o ayudado a compañeros y clientes a cometerlos en el establecimiento.

La empresa utilizó imágenes de cámaras de seguridad para probar los hurtos y justificar los despidos.

Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha determinado que aunque los despidos son procedentes, la instalación de cámaras de seguridad sin informar a los trabajadores constituye una violación de su derecho a la intimidad y exige a España que compense a las afectadas con 4.000 euros por daños.

En el momento de los hechos, ante el incremento de hurtos en un supermercado, la dirección decidió instalar cámaras de seguridad. Debido a las sospechas sobre que los trabajadores pudieran estar implicados en los robos, la dirección no informó a la plantilla del emplazamiento de cámaras de vigilancia encubiertas.

Por ese motivo, las imágenes registradas permitieron probar las sustracciones por parte del personal y proceder posteriormente a los despidos de cinco trabajadoras, que denunciaron a la empresa.

Las trabajadoras despedidas consideraron que el uso de las grabaciones suponía una violación de su derecho a un juicio justo y a la intimidad. El Tribunal considera que el procedimiento fue apropiado, ya que el material de vídeo no fue la única prueba en la que se basaron los tribunales nacionales al confirmar las decisiones de despido, sin embargo, la utilización de cámaras encubiertas supuso una violación del derecho a la intimidad, ya que las denunciantes «deberían haber sido informadas de que estaban bajo vigilancia».

Tanto el Juzgado de lo Social de Granollers como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que examinaron el caso aludieron a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al considerar que cuando existe sospecha de robo, el derecho a la privacidad del trabajador se enfrenta al de propiedad del empleador. Entendieron que al tratarse de una práctica reiterada, el uso de cámaras escondidas era proporcional. El Tribunal europeo discrepa.

Estrasburgo entiende que «la vigilancia no cumplió con la legislación española» y cree que los tribunales nacionales no lograron «un equilibrio justo» entre los derechos del trabajador y el empleador.

La Ley de Protección de Datos, no se cumplió y se considera que el Estado en cuestión ha violado alguno de los derechos recogidos en la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

España alegó no ser responsable en este caso, al tratarse de una disputa con una empresa privada. Sin embargo, Estrasburgo recuerda que «los países tienen una obligación positiva en virtud del Convenio Europeo de tomar medidas para garantizar el respeto de la vida privada». Los tribunales españoles fallaron al hacerlo. El Estado deberá compensar con 4.000 euros a cada una de las afectadas, además de sufragar los gastos judiciales, hasta un total de 568,86 euros en cuatro de los casos, 500, en uno de ellos.

protección en la videovigilancia y derecho a la seguridad

Seguridad y Protección en la Videovigilancia

La captación y/o el tratamiento de imágenes con fines de seguridad y protección en la videovigilancia es una práctica muy extendida en nuestra sociedad. Generalmente persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas, o bien se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo que obliga a fijar unas garantías de la protección en la videovigilancia.

La videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de imágenes. Ahora bien, cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD).

La aplicación de la Ley Orgánica a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos. Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras cumple los objetivos de seguridad y protección en la videovigilancia para cumplir lo estipulado por la ley.

En distintas sentencias el Tribunal Constitucional ha establecido que la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse.

La Agencia Española para la Protección de Datos, publicó una Guía de Videovigilancia

El concepto de dato personal incluye las imágenes cuando se refieran a personas identificadas o identificables. Por ello, los principios vigentes en materia de protección de datos personales deben aplicarse al uso de cámaras, videocámaras y a cualquier medio técnico análogo, que capte y/o registre imágenes, ya sea con fines de vigilancia u otros en los supuestos en que:

• Exista grabación, captación, transmisión, conservación, o almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real o un tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Para que se pueda utilizar un sistema de esta naturaleza no basta con que éste reúna los requisitos técnicos que lo permitan funcionar. Debe existir legitimación para la protección en la videovigilancia. Esto ocurrirá cuando:

• Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales (imágenes de guarderías por los padres, o en el desarrollo de investigaciones científicas).

• Una norma con rango de Ley exima del consentimiento, como en los casos previstos por la Ley de Seguridad Privada o en el del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores.

• Si la legislación vigente impone algún requisito adicional éste deberá cumplirse.

Por otra parte, existen casos en los que no procede aplicar la LOPD:

• Así, no se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.

• Al tratamiento de imágenes por los medios de comunicación en el ejercicio legítimo de los derechos que les confiere el artículo 20 de la Constitución Española, como en la emisión de un informativo de televisión o la edición de un periódico.

Sin perjuicio de las previsiones específicas de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, a estos tratamientos se les aplica supletoriamente la LOPD en aspectos como la creación de ficheros mediante disposición de carácter general publicada en un diario oficial.

Por otro lado, el uso de las instalaciones de cámaras y videocámaras debe seguir ciertas reglas que rigen todo el proceso desde su captación, almacenamiento, reproducción hasta su cancelación.

El responsable deberá tener en cuenta los siguientes principios:

• Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.

• Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes.

• Si el sistema de videovigilancia genera un fichero el responsable deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma. Esto ocurrirá siempre que exista algún tipo de grabación. En caso de tratarse de ficheros de titularidad pública deberá procederse primero a su creación mediante disposición de carácter general publicada en el correspondiente diario oficial conforme a lo establecido en el artículo 20 LOPD para posteriormente proceder a su inscripción.

• El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando no exista un medio menos invasivo.

• Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos.

• Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.

En cualquier caso el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.

Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron, y en todo caso nunca por un período superior a un mes, conforme señala el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, de 8 DE Noviembre, sobre videovigilancia.

Hay sistemas que no registran imágenes y por ello la Instrucción 1/2006 de la AEPD, señala que no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real. Por ejemplo, los circuitos cerrados de televisión controlados mediante visualización en pantalla. Sin embargo, esto no exime del cumplimiento del resto de deberes establecido por la LOPD.

Pero hay más casos y cada caso tiene su tratamiento, para lo que será necesario consultar con un experto de la seguridad y protección en la videovigilancia. Por ejemplo, el acceso a edificios y salas de juego, a entidades financieras,  cámaras con acceso a la vía pública, cámaras conectadas a internet en entornos escolares y menores,  espacios públicos de uso privado como taxis y otros usos relacionados con la seguridad videocámaras de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

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Cómo poner una videocámara en tu garaje

Cómo poner una videocámara en tu garaje. Las videocámaras son uno de los dispositivos que más denuncia presenta frente a la Agencia Española de Protección de Datos. En este artículo vamos a aconsejar algunos puntos para que su instalación no te de ningún quebradero de cabeza.

La colocación de videocámaras en plazas de garaje por las que puedan transitar otras personas está sujeta a la autorización previa de la comunidad de propietarios.

La videovigilancia no ha hecho más que crecer en nuestro país en los últimos años, y si hablamos de las comunidades de vecinos, esto no presenta una excepción. A finales de 2008 eran algo más 1.100 las comunidades que habían registrado el fichero de videovigilancia en la Agencia; ocho años después la cifra ronda los 27.000.

El uso de estas cámaras de videovigilancia proporciona seguridad y protección, permitiendo la identificación de delincuentes y evitando delitos. Pero sin embargo hay que tener en claro ciertos puntos antes de realizar su instalación.

Antes de nada, hay que recordar que cualquier grabación de imágenes de personas identificadas o identificables con fines de videovigilancia mediante cámaras se considera un tratamiento de datos personales.

En el caso de que por tu plaza de garaje pueden pasar vecinos u otras personas, tienes que recordar que se considera un lugar de libre acceso y se aplican los requisitos recogidos en la Instrucción 1/2006 de la AEPD sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Igualmente, has de recordar a la hora de instalar una videocámara dirigida exclusivamente a tu plaza de garaje, que sólo la grabe exclusivamente a ésta. Sin embargo lo más que probable es que captes, imágenes de espacios comunes o de las plazas colindantes, por lo que, en todo caso, deberás contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios, recogido en acta, para poder efectuar dicha instalación.

Si quieres grabar las imágenes, previamente debes inscribir un fichero en el Registro General de Protección de Datos de la AEPD que indique que su finalidad es la videovigilancia.

Otro punto destacable, es que hay que informar mediante carteles ubicados en una zona visible de que la zona está siendo videovigilada. En el cartel debe indicarse claramente la identidad del responsable de la  instalación. También debes informar de ante quién pueden ejercer sus derechos los afectados y dónde pueden hacerlo.

Asimismo, deberás facilitar a los posibles afectados información según lo dispuesto en el artículo 5.1 de la LOPD.

Si grabas, las imágenes no se pueden conservar por más de un mes desde su captación.

La AEPD también dispone de otras fichas con información sobre el uso de videovigilancia en viviendas y comunidades de propietarios.

Protección de datos y la videovigilancia

Protección de datos y la videovigilancia

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Protección de datos y la videovigilancia

La relación entre la protección de datos y la videovigilancia siempre ha sido objeto de numerosos estudios y diferentes interpretaciones. En esta ocasión el Tribunal Constitucional viene a fijar una nueva línea jurisprudencial sobre la vigilancia con cámaras.

 Dicho Tribunal, establece que las empresas va a poder vigilar con cámaras a sus empleados sin informarles del fin concreto, en una rompedora sentencia que cambia la concepción que teníamos de este asunto.

 El TC responde a una demanda de amparo propuesta por una empleada de Bershka la cual fue despedida por haberse apropiado de efectivo en la caja. Este hecho está sustentado en unas grabaciones de la cámara de videovigilancia de la que no se informó a los trabajadores. A pesar de no existir esta información a los empleados, bien es cierto que en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo de la presencia de dichas cámaras.

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La novedad de esta sentencia reside en que el Tribunal Constitucional determina una excepción a la exigencia de requerir el consentimiento del trabajador para la grabación del empleado. Ya que las cámaras instaladas, pretendían contribuir a la seguridad y el control laboral, permitido esto por el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores (esto es, la vigilancia y el control empresarial para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales).

 En cuanto a la información a los trabajadores de su instalación, como bien viene recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El Tribunal determinó que la validez de dichas imágenes requerirá un análisis caso por caso. Sobre todo teniendo en cuenta que en este caso se había ubicado un distintivo visible que advertía de la existencia de la cámara.

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Instalación de cámaras falsas de videovigilancia

Instalación de cámaras falsas de videovigilancia

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En la actualidad la Agencia Española de Protección de Datos está empezando a recibir casos sobre una casuística que presenta ciertas peculiaridades, y es acerca de la instalación de cámaras falsas de videovigilancia (están instaladas pero que no graban) en empresas o comunidades de vecinos.

Pues bien, aunque el motivo por el que se ponen las cámaras esté justificado se estaría vulnerando el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de datos (en adelante LOPD), ya que las cámaras estarían captando imágenes de personas de la vía pública o zonas comunes de la urbanización. Tal y como se establece en la LOPD, el tratamiento de los datos de carácter personal requeriría el consentimiento inequívoco del afectado.

Bien es cierto que en este caso las cámaras no se encuentran grabando, por lo que no cumplirían el requisito de la captación de imágenes. Pero la agencia, como recogió en un resolución de 2012 (PS/00139/2012), viene a intentar evitar esta confusión a través de la “falsa apariencia” de la cámara iniciando un procedimiento.

El procedimiento para que la Agencia de Protección de Datos sancione a los particulares que decidan poner cámaras  dentro de su propiedad  y

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que graben zonas externas o comunes a la urbanización donde se encuentre situada su vivienda, es el siguiente:

Cuando un particular decide poner cámaras, falsas o no en el espacio privado de su vivienda pero éstas captan imágenes de zonas comunes de zonas del exterior, será apercibido (procedimiento de apercibimiento) por la Agencia Española de Protección de Datos para que retire las cámaras. Se le confiere al demandado un mes para que retire las mismas, es decir, para que acredite el cumplimiento del apercibimiento. Si las quita, el procedimiento termina y no hay sanción.

Sin embargo, si pasa ese mes para comunicar el cumplimiento sin haber hecho ninguna de las dos cosas, esto es, ni se quitan las cámaras, aunque sean falsas ni se acredita el cumplimiento del requerimiento, se abrirá un nuevo procedimiento, procedimiento sancionador, cuyo objetivo es sancionar al demandado por no acreditar la retirada de las cámaras objeto del conflicto.

Es por ello que desde Equal recomendamos siempre tener un control total de un tema tan sensible como las cámaras de videovigilancia realizando todos los requisitos previstos en la LOPD para evitar cualquier problemática, y en último lugar una sanción de la Agencia.

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¿Es legal la instalación de cámaras de vigilancia en gimnasios?

¿Es legal la instalación de cámaras de vigilancia en gimnasios?

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¿Es legal la instalación de cámaras de vigilancia en gimnasios?

Desde hace ya unos años hemos sido testigos de la gran proliferación de cámaras de videovigilancia tanto en lugares públicos como privados. Es habitual vernos rodeados de cámaras de seguridad que captan nuestra imagen en empresas,  comercios, colegios, restaurantes, lugares de ocio y  establecimientos públicos de todo tipo, en aras de garantizar y proteger la seguridad de las personas y los bienes, algo que en ocasiones resulta  difícil de conjugar con las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y específicamente de su honor e intimidad personal y familiar.

Sin embargo nos puede resultar cuanto menos indiscreta la cámaras de vigilancia en gimnasios, balnearios o “Spa” etc,  A este respecto la AEPD advierte de que el responsable del establecimiento, en lo concerniente a la forma en que deben captarse y tratarse las imágenes en estos lugares, habida cuenta de la mayor vulnerabilidad del derecho a la intimidad, habrá de considerar la relación de proporcionalidad existente entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos, no siendo admisible la realización de grabaciones cuando exista un medio menos invasivo, y, en todo caso, respetando en todo momento los derechos de las personas y el ordenamiento jurídico.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) define dato de carácter personal como: “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”, ampliándose este concepto en el Real Decreto 1720-2007 de 20 de junio, dónde por dato personal se entiende “toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada o identificable.

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En consecuencia a la hora de cumplir con los directrices impuestas por la AEPD, deberán atenderse las reglas que rigen todo el proceso de uso de cámaras de vigilancia desde su captación, almacenamiento, reproducción hasta su cancelación. Lo que supone cumplir con las obligaciones de  la instrucción 1/2006 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que, de forma resumida, impone:

  1. Respeto del principio de proporcionalidad.
  2. Deber de informar sobre la captación de las imágenes.Se debe señalar de forma clara la zona donde se registra la videovigilancia con «al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible», según la Instrucción 1/2006 de la AEPD.
  3. Respeto de los derechos de las personas y del ordenamiento jurídico.
  4. Conservar las imágenes grabadas por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron.Con carácter general las imágenes no deberán almacenarse por un plazo superior a 30 días.
  5. La creación de un fichero de imágenes exige su previa notificación a la AEPD para su inscripción en el Registro General.
  6. Las cámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que sea imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por la ubicación de
    las mismas. En todo caso se evitará el tratamiento de datos innecesarios para la finalidad perseguida.
  7. Elaboración obligatoria del Documento de Seguridad, relativo a la instalación de videovigilancia.
  8. Puesta en marcha de medidas de seguridad relativas a la captación de imágenes y recuperación de las grabaciones, deberán estar protegidas mediante Password y contraseña, estos deberán modificarse conforme al plazo establecido en la Ley.

Y en ningún caso será admisible la instalación de cámaras en baños o vestuarios, ni se podrán  grabar conversaciones y  no se podrá utilizar imágenes con fines comerciales, salvo autorización del afectado y, en particular para su emisión a través de internet.

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