Desde el inicio de la pandemia hemos escuchado hablar de la posible creación de un “pasaporte de vacunación” que daría la posibilidad de viajar a las personas ya vacunadas contra la COVID-19, y finalmente, el Parlamento ha aprobado la propuesta que la Comisión Europea presentó en Marzo:

El Certificado Verde Digital (“Digital Green Pass”).

A raíz de las restricciones a la libre circulación transfronteriza, y ante su persistencia en el tiempo por razones de salud pública, la Unión Europea (UE) se encuentra con la necesidad de expedir certificados interoperables, seguros y verificables que permitan la movilidad de los ciudadanos entre los Estados miembro. Así, la Comisión Europea ha puesto en marcha la elaboración de este certificado digital, con el fin de que pueda comenzar a utilizarse este verano de 2021. Un sistema unificado válido para todos los países de la Unión.

La base jurídica de este proyecto se encuentra en el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): El derecho de todo ciudadano de la Unión a la libre circulación en territorio de los Estados miembro. Esto conlleva gran importancia ya que implica que el único uso que se puede hacer de estos certificados sea la libre circulación transfronteriza y nunca otras finalidades (se admite que los Estados regulen otros usos si se procuran una base jurídica legitimadora diferente para los posibles usos posteriores)

La principal característica de este “pase verde” y la que da solución a una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, consiste en que no es un pasaporte de vacunación. Esta iniciativa consiste en una propuesta de expedición decertificados sobre vacunación, pruebas y recuperación, es decir, hay tres posibilidades: has sido vacunado, tienes una prueba PCR negativa reciente o has pasado la enfermedad y una prueba te ha acreditado que tienes anticuerpos. Esta propuesta minimiza el riesgo de discriminación ya que, como actualmente el número de vacunados en los estados miembro de la Unión Europea es muy limitado, si sólo hubiese sido un certificado de vacunación se generaría una situación de desigualdad para ejercer el derecho de libre circulación entre vacunados y no vacunados.

Podremos solicitar esta certificación en formato digital o papel con un código QR interoperable que permitan verificar su autenticidad. Será gratuito y accesible para todos los ciudadanos de la UE y a sus familiares, nacionales de terceros países que residan en la UE y visitantes que tengan derecho a viajar a otros Estados miembro. Se emitirá en inglés, e incluirá:

• Certificado de vacunación:

Datos identificativos del titular

Datos del medicamento vacunal administrado

Metadatos del certificado (emisor del mismo o identificador único)

Identificación de si se ha completado o no la vacunación

• Certificado de pruebas:

Datos identificativos del titular

Identificador de la prueba realizada

Metadatos del certificado (emisor del mismo o identificador único)

• Certificado de recuperación:

Datos identificativos del titular

Información sobre la infección anterior por COVID-19

Metadatos del certificado (emisor del mismo o identificador único)

Expedición previa solicitud a partir d 11 días después de prueba positiva de infección por COVID-19

Desde el punto de vista de la protección de datos, los datos referentes a la salud son reconocidos como datos sensibles por la normativa de protección de datos vigente en la Unión Europea. Para salvaguardar la privacidad, la Comisión:

• Ofrece un sistema de certificados digitales descentralizados
• Plantea como finalidad del tratamiento verificar la información para facilitar el derecho a la libre circulación
• Propone que el certificado contenga el mínimo esencial de información
• Delimita como únicas entidades que pueden tratar los datos personales a las Autoridades competentes del Estado miembro de destino y los Operadores transfronterizos de servicios de transporte de viajeros (aerolíneas y navieras)
• Respecto a la conservación de los datos expone que se limitará al tiempo necesario para cumplir con su finalidad, en todo caso, deberá suspenderse cuando la OMS declare el final de la pandemia

Con la aprobación del Parlamento, el Certificado Verde Digital ya es una realidad, y sólo queda confiar en que esté listo para su puesta en marcha de cara a las próximas vacaciones de verano.

María Galera Meléndez, Redacción Equal.

Reino Unido había traspuesto el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) a su regulación doméstica (Data Protection Act 2018), contando también con una norma nacional complementaria de protección de datos adaptada al RGPD, muy similar a lo llevado a cabo por el resto de los países comunitarios, siendo de aplicación ambas normas.

El 31 de enero de 2020 entra en aplicación el acuerdo del Brexit por el que Reino Unido abandona la Unión Europea (UE),  en ese acuerdo se establece un periodo transitorio de un año de aplicación de toda la legislación de la UE en Reino Unido, por lo tanto, durante todo el pasado año 2020, la normativa en materia de protección de datos se reconocía tal y como se venía aplicando anteriormente.

Tras este año de transición, el 1 de enero de este año, el Reino Unido abandonó el mercado único y la unión aduanera de la UE, así como todas sus políticas. Como consecuencia de ello, perdió todos los derechos y beneficios que tenía como Estado miembro de la UE y no podrá acogerse a los acuerdos internacionales de la Unión.

Con el fin de limitar las perturbaciones en la medida de lo posible, se ha firmado un «Acuerdo de Comercio y Cooperación» (TCA – Trade and Cooperation Agreement) entre la Unión Europea y el Reino Unido

Con este panorama, Reino Unido se encuentra en la situación de que el RGPD ya no es de su obligado cumplimiento como si lo es para el resto de países de la Unión, por lo que sería necesario que apruebe una norma de protección de datos que englobe tanto el ámbito del Reglamento como de su norma adicional.

El mencionado TCA tiene un régimen profesional o más bien una “cláusula puente” que garantiza la plena continuidad de los flujos de datos entre el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido sin necesidad de que las empresas y autoridades públicas necesiten poner en marcha ninguna otra  herramienta de transferencia, pero esta solución es aplicable exclusivamente por un periodo máximo de 6 meses, que finalizará el 30 de junio de 2021

De  cara al futuro, el pasado 19 de febrero, la Comisión inicio el procedimiento para la adopción de dos decisiones de adecuación de transferencias de datos personales al Reino Unido: La primera para poder realizar transferencias internacionales de datos, de conformidad y con las garantías que nos ofrece el RGPD, y la segunda para los datos en el ámbito penal y judicial (en aplicación de la Directiva 680/2016, que en España aún no ha sido traspuesta)

En este momento por lo tanto y hasta el 30 de junio, se pueden hacer transferencias internacionales de datos a Reino Unido como si se tratase de movimientos transfronterizos dentro del Espacio Económico Europeo, a la espera de que se aprueben las decisiones de adecuación por parte de las autoridades europeas para dar viabilidad a las futuras transferencias internacionales con el país.

María Galera, Redacción Equal.

El pasado 28 de enero, la Agencia Española de Protección de Datos, en el marco del I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, lanzó el Pacto Digital Para la Protección de las Personas. Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar  el compromiso con la privacidad de las empresas en sus políticas de sostenibilidad y modelos de negocio Leer más