SE INCREMENTA UN 43% EL NÚMERO DE RECLAMACIONES ANTE LA AEPD EN 2023
En 2023 se han presentado ante la Agencia 21.590 reclamaciones, es decir, un incremento de un 43% respecto a 2022 y un 55% más que en 2021. Ya es el tercer año consecutivo que se bate récord absoluto en cuanto al número de reclamaciones recibidas, siendo ya más del doble de las recibidas en 2020. Esta cifra asciende a las 22.348 incluyendo casos transfronterizos y en los que la Agencia actúa por iniciativa propia.
Las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos corresponden a las siguientes materias: publicidad no deseada, servicios de Internet, videovigilancia, comercio, transporte, hostelería, y entidades financieras. Y, las áreas de actividad donde más multas se han impuesto son las relacionadas con las brechas de datos personales (de 821.800 euros en 2022 a 12.907.000 euros en 2023), entidades financieras (de 596.200 euros en 2022 a 5.321.000 euros en 2023), derechos de protección de datos (2.633.400 euros), contratación fraudulenta (2.571.500 euros), telecomunicaciones (1.942.000 euros) y servicios de Internet (1.058.700 euros). La Agencia ha dictado 367 resoluciones que incluyen imposición de multa y estas seis áreas suponen el 89% del importe global de sanciones, que en 2023 ascendió a 29.817.410 euros.
Asimismo, la Agencia ha realizado 36 actuaciones de urgencia en 2023 a través del Canal prioritario destacando, entre las últimas medidas, el sistema de verificación de edad para proteger a los menores del acceso a contenidos de adultos en Internet.
En lo referente a las sentencias recaídas en la Audiencia Nacional en los recursos interpuestos contra resoluciones de la Agencia, de las 43 dictadas en 2023, 35 (81%) han sido desestimatorias o inadmitidas. Y, por otro lado, las sanciones más elevadas el año pasado fueron para bancos, concretamente, BBVA, Caixabank y Openbank.
Respecto a las cifras de delegados de protección de datos (DPD) comunicados ante la Agencia, el año 2023 se ha cerrado con 111.070 en relación con los 103.350 de 2022. De dicha cifra, 101.691 corresponden al sector privado y 9.379 al sector público. Y en lo que afecta a los servicios de ayuda que presta la Agencia para la adaptación al Reglamento, se han recibido casi 850 consultas, más del 22%, a través del Canal del DPD.
Como apuntábamos al principio, las reclamaciones planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos en 2023 responden a los siguientes aspectos: recepción de publicidad no deseada (+114%), servicios de internet (+30%), videovigilancia (+29%), comercio, transporte y hostelería (+66%) y las relacionadas con entidades financieras/acreedoras (+78%). En lo relativo a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 419, siendo las áreas más frecuentes la videovigilancia (33%), los servicios de internet (14%), los procedimientos relacionados con las Administraciones Públicas (6%) y publicidad (spam email/SMS) (6%).
A su vez, en 2023 se han planteado más de 4.000 cuestiones relativas a la protección de la infancia y adolescencia, incrementándose más del 70% respecto a 2022. De especial interés son las consultas que proceden de madres y padres (52%) sobre los tratamientos de datos de sus hijos e hijas. Asimismo, y, en el ámbito doméstico, se plantean consultas sobre la publicación de imágenes en redes sociales y las relacionadas con el tratamiento de datos de menores en el ámbito deportivo.
Es incuestionable el esfuerzo de la Agencia en los últimos tiempos en esta materia y el hecho de haber planteado un mecanismo que trate el atributo de la edad en el dispositivo del usuario, sin que la identidad de la persona ni su edad sea accesible para las web o para los autodenominados “terceros de confianza” garantiza la privacidad de los adultos a la vez que impide la exposición temprana de los menores a unos contenidos que no son capaces de gestionar y que les afectan gravemente en sus conductas online.
En resumen, 2023 nos ha dejado unas cifras preocupantes en cuanto a reclamaciones ante la Agencia se refiere. Debemos aunar esfuerzos por parte de todos y reducir las mismas, llevando a cabo actuaciones de control más específicas y adecuadas y, sobre todo, concienciarse del problema que pueden traer consigo incumplimientos de esta índole.