Entrevista a la Agencia Vasca de Protección de datos

Entrevista a la Agencia Vasca de Protección de datos. Además de la Agencia Española de Protección de Datos, nos encontramos con las agencias territoriales de protección de datos que cumplen su función. Por ello resulta muy interesante, ver qué opinión tiene su Presidenta sobre todos los cambios que va a sufrir este campo del derecho.

En esta ocasión traemos una entrevista realizada a Margarita Uría, Presidenta de la Agencia Vasca de Protección de Datos publicada en el diario Expansión. La Presidenta ha dejado claro que tiene un cometido muy definido: la adecuación del Reglamento Europeo que deberá tener una aplicación plena para mayo de 2018.

– ¿El reglamento europeo de protección de datos conlleva también un cambio en la legislación vasca y española?

Será inevitable, porque la ley estatal es el desarrollo de una directiva que el reglamento deroga expresamente. En estos momentos, participamos en un grupo de trabajo y para marzo esperamos tener un texto acordado entre las tres autoridades -la estatal, la catalana y nosotros y poder presentar una ley orgánica que, en paralelo, necesitará una adecuación de la vasca.

– La aprobación de este documento se ha dilatado mucho en el tiempo, ¿va más lenta la legislación que las tecnologías?

Sí, pero eso pasa siempre. En el ámbito penal, se modifica la ley para una mayor protección de las conductas de corrupción cuando ya se han producido muchos casos. La ley siempre va detrás de la realidad social y si se está vinculada a las tecnologías, el retraso es enorme.

– ¿Qué novedades principales contempla este documento?

Extiende su ámbito de aplicación a organizaciones y empresas que no estando establecidas en la Unión Europea, sí ofrezcan bienes o presten servicios en los estados miembro. También refuerza la existencia de los consentimientos y es especialmente exigente cuando se trata de menores.

– ¿Amplía los derechos de los interesados?

Sí. Además de los derechos ARCO (de acceso, rectificación, cancelación y oposición), cobra más importancia ahora el derecho al olvido, que aparece expresamente en la ley. Y también se incluye el derecho a la portabilidad de los datos, pero con limitación a los tratamientos.

– ¿Y contempla obligaciones?

Sí. Aparece la figura del delegado de protección de datos, que es obligatoria para las administraciones públicas. Y en el ámbito privado, para aquellas empresas con más de 250 empleados y, también, si manejan datos sensibles. Este tema está suscitando mucho interés por parte de las pymes, porque se plantean dudas si van a poder acceder a tener esta figura. Pero es una cuestión que la deberá adaptar la ley española.

-El reglamento permite que cada estado pueda decidir que las administraciones sean sancionadas económicamente. ¿Cuál es su opinión?

Mi intuición es que el legislador español no optará por eso, sino que seguiremos con las recomendaciones o en exigir medidas correctoras. Las administraciones suelen consultar previamente o rectifican muy rápido. La labor de orientación en las buenas prácticas y que acepten las medidas correctoras es una prioridad más que la sanción económica, que la veo más en el sector privado o mercantil.